La afiliación de trabajadores agrícolas que registra la
U.G.T en los primeros meses de la República es masiva, llegándose a constatar
que el 40% de su afiliación pertenecía a Federación de Trabajadores de la
Tierra y siendo la fuerza mayoritaria, en la zona clásica del latifundio[1],
y lo es también en la zona agrícola malagueña, con ochenta y siete secciones y
más de 21.000 afiliados. Pero existen zonas donde su influencia es más
limitada, como Vélez-Málaga, Ronda y Marbella, con influencia de la C.N.T., o
la comarca de Antequera donde el Sindicato de Obreros Agrícolas, creado por el
radio Comunista de Antequera en septiembre de 1931, es la fuerza que coordina y
dirige la movilización campesina.
Ya en octubre, se declara una huelga que García Prieto no
duda en calificar como revolucionaria, pues según él, no se perseguían
objetivos económicos por lo que procede a ordenar la clausura del local del
Radio Comunista, como instigador, mientras la Guardia Civil patrulla por las
calles de la ciudad. Seis días después se desconvoca la misma con el acuerdo de
incorporación al trabajo[2].
Sin embargo, en la autobiografía de José Cañas, que en esa época reside en
Antequera no se menciona, considerando sin embargo revolucionaria la que
tendría lugar en Marzo de 1932, que consigue una paralización general de la
ciudad, junto a violentos enfrentamientos que son moneda de cambio desde la
huelga general de Sevilla en julio, y los sucesos de Castilblanco.
Pero días después ante la negativa de la patronal a aceptar
las bases de trabajo presentadas, el Sindicato convoca la huelga[3]
para el día 14 de noviembre en Antequera y en el resto de las localidades que
conforman la Comarcal. El conflicto tiende a agravarse por la llamada realizada
por la Comarcal a los demás gremios solicitando una huelga general en
solidaridad. El Gobernador llama a los representantes de los trabajadores y de
los patronos que se reúnen en Málaga y en la sede de la Delegación del Consejo
de Trabajo, fracasando la reunión. Ante esta situación el Gobernador solicita
del Ministerio de Trabajo, que en aquellos momentos ocupaba Largo Caballero, el
envío de un Delegado Gubernativo que tras varias reuniones con las partes
interesadas en el conflicto dicta un laudo que finaliza un conflicto que se
extendió hasta finales de noviembre.
En 1932 pese a la Ley de Laboreo Forzoso promulgada por el
Gobierno para solucionar, en la medida de lo posible el paro obrero, este se
sigue incrementando sin que, debido a la prohibición establecida por el
Gobierno Civil, se pueda utilizar la tradicional rebusca de la aceituna para
paliar la penuria de los jornaleros. En marzo, una Asamblea General convocada
por los obreros de la Construcción para tratar sobre el paro forzoso, acuerda[4]:
1.
Aplicación inmediata de la Ley de Laboreo
Forzoso.
2.
Supresión de la comisión de la Policía Rural.
3.
Que las cantidades recaudadas por la décima de
contribución se inviertan en obras para los obreros en paro forzoso.
El problema del paro forzoso está presente en las asambleas
de todas las sociedades obreras, pues ya en 1932 se estimaba oficialmente[5]
que había 446.263 obreros en paro, de los cuales 258.570 eran obreros
agrícolas. Que las asambleas adopten actitudes firmes ante las autoridades se
justifica porque una parte de ese paro forzoso es coyuntural y de fácil
solución, bastaría con que los patronos agrícolas contrataran la realización de
las faenas habituales del campo, ya que solo se realizaban las imprescindibles,
y a que se incrementasen los créditos para la construcción de obras de
inversión pública.
Entregadas las conclusiones en la Alcaldía antequerana, la
actitud del Alcalde, crea las condiciones para la declaración de huelga, que se
convoca para el siguiente día, 29 de marzo por el P.C.E.:
“Trabajadores, el
frente único de las clases proletarias os ordena que vayáis todos a la huelga
general revolucionaria, poniendo fin a la burguesía y a la ganadería de
Galarza. Pedimos justicia”.
La huelga es un completo éxito y se desarrolla en un entorno
de violencia institucional e insurreccional, con asaltos a instituciones
religiosas (Convento de los Trinitarios) y a una armería, que culmina en los
enfrentamientos entre Guardia Civil y obreros armados en el lugar conocido como
la Cruz Blanca, resultando herido de gravedad un huelguista que fallece poco
después. El Alcalde ordena la clausura de los centros obreros y pide refuerzos
al Gobierno Civil[6].
Durante el siguiente día se procede a la detención de numerosos militantes
comunistas y de la C.N.T., e incluso a algún elemento socialista. Se comunica a
la prensa el descubrimiento de dos centros comunistas clandestinos; el Puñao de
Caña y la Rebola, e incluso de una escuela donde se impartían máximas
comunistas. Volvemos a observar la curiosa actitud de las autoridades ante un
partido que ha procedido a legalizar sus estatutos y se encuentra incorporado
al resto de las organizaciones políticas de la República. Es evidente que
presenciamos un doble juego al que el Partido Comunista contribuye con su
aparato paralelo. La huelga se desactiva por la incorporación al trabajo de los
panaderos y dependientes de comercio y porque las detenciones efectuadas han
limitado la capacidad de respuesta de las organizaciones obreras.
La respuesta de la burguesía antequerana no se hace esperar,
solicitando el incremento de las fuerzas de orden público destinadas en la
localidad y ofreciendo al Ayuntamiento una importante cantidad económica para
la finalización de las obras del cuartel de la Guardia Civil y alojamiento las
fuerzas que sean necesarias para garantizar el libre trabajo y el orden[7].
La negociación de las bases de trabajo, que de nuevo es
resuelta mediante laudo y la negativa de la patronal a aceptar a la Federación
Agrícola Comarcal como representativa de los obreros del campo provocan
nuevamente la huelga. Ahora bien, la opinión de la Comarcal es que el laudo ha
sido impuesto por la patronal y dado que se ha producido la intervención de los
diputados radicales Armansa y Gómez Chaix, facilitando la entrevista de
representantes patronales con el Ministro de Gobernación, pueden, los
campesinos, elevar sus protestas y afirmar que el Gobierno de la República favorece
a los caciques y a los terratenientes, alejándose aún mas de la misma.
Mientras, la huelga se mantiene hasta el día 20,con
incidentes entre trabajadores en huelga y personal venido de fuera para
suplirlos en el trabajo, pese a que C.N.T. y U.G.T. respondieron favorablemente
al llamamiento de la Comarcal para evitarla llegada de esquiroles. El acuerdo
obtenido con la mediación del Delegado Ministerial, evita la convocatoria de
huelga general en solidaridad acordada por los representantes de varios gremios.
Es difícil clasificar los conflictos campesinos de Antequera
según el esquema establecido por Tuñón de Lara, por cuanto a los móviles
salariales se unen cuestiones societarias y solidarias, pero al mismo tiempo
hay un trasfondo político avanzado, pues los objetivos que persigue el partido
que las impulsa son netamente revolucionarios. Es imprescindible y labor
fundamental del Partido Comunista de España una agitación sistemática y regular
en el campo. La clase obrera no puede consolidar su victoria sin contar por lo
menos con una parte de los braceros agrícolas y campesinos pobres. La labor de
los comunistas en el campo adquiere una enorme importancia y su apoyo, durante
la guerra, a los pequeños propietarios buscando su neutralización, permitiría
el triunfo de la revolución proletaria.
[1]
Juliá, Santos “3 (1931-1939)” en
Tuñón de Lara, Manuel “Historia del
Socialismo Español”. Pág. 33.
[2]
El Popular y Amanecer de los días 12, 13, 15 y 17 de octubre de 1931.
[3]
Amanecer. Día 15 de noviembre de
1931.Pág. 5.
[4]
El Popular. 29 de marzo de 1932
[5]
Tuñón de Lara, Manuel “La II República”. Pág.
135.
[6]
Amanecer. 31 de marzo de 1932.
[7]
Ibídem. 9 de abril de 1932.
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