El derecho a la cultura y las políticas culturales.

Dentro de los Derechos Sociales, entre los que debemos encuadrar los Culturales, nos encontramos con que algunos Derechos consisten en una concesión de títulos, mientras que otros constituyen un añadido de provisiones que deben facultar a los más necesitados el acceso al ejercicio de tales derechos.
Estos añadidos se instrumentan a través de políticas de redistribución de recursos para paliar la desigualdad en la distribución de las oportunidades y de políticas de reconocimiento que posibilitan el ejercicio de una discriminación activa que suavice la situación de desventaja de determinado grupo.
El lugar donde la Administración Cultural coloque teóricamente el Derecho a la Cultura va a fijar las políticas culturales, entendidas como “El conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural de las Administraciones”.
Existen importantes diferencias entre el Derecho a la Cultura y el resto de los Derechos sociales basadas fundamentalmente en la desagregación de los intereses culturales, hay carencia de necesidades de carácter cultural que sean asimilables a las necesidades básicas lo que impide su expresión bajo la forma de demandas.
Cuando existe demanda, en la mayoría de los casos, proviene de grupos implicados económicamente en la gestión de la cultura o bien es generalizada e inespecífica, salvo en el caso de los equipamientos culturales.
Será por tanto el nexo con lo social y la aplicación de políticas de reconocimiento y redistribución las que orienten la política cultural, con una visión que asimila la falta de integración y marginalidad a la falta de cultura, entendiendo ésta como sinónimo de educación o formación.
Pero existe una enorme variedad de facetas de lo cultural y si se atiende al acceso a determinados bienes y servicios culturales, también se debe atender a la conservación del patrimonio cultural y es en esta actividad, perfectamente legislada y regulada, donde existe una mayor dificultad para encontrar cauces de participación y donde los sistemas que ofrecen una mayor participación a los ciudadanos chocan con la realidad.
Hasta los años setenta la cultura de elite protagonizaba el panorama cultural. La cultura estaba reservada a aquellos que poseían la formación para generarla, interpretarla y vivirla y sus contenidos estaban limitados por la concepción del Arte y el Patrimonio.
Por esa misma época se impulsó la aplicación de políticas culturales consiguiendo superar la cultura elitista, apareciendo dos conceptos: democratización cultural y democracia cultural.
El Consejo de Europa, en su reunión en Oslo de 1976, fijaba los objetivos de las políticas culturales que debían desarrollar sus estados miembros: Preservación del patrimonio, igualdad de acceso a la cultura con especial énfasis en las obras de arte y el acceso de todos a la creación.
Pero las políticas culturales únicamente desarrollaron el concepto de democratización cultural, facilitando el acceso de todos a la cultura a través de la difusión de conocimientos y la puesta en marcha de equipamientos culturales que favorecen el disfrute de los bienes culturales por parte de la sociedad.
Sólo unos pocos poseen la cultura y la transmiten al resto de la sociedad, consumidores pasivos de la misma, convirtiéndola en objeto de consumo. El concepto de democratización cultural va pues unido al de difusión y tiene su origen en los países anglosajones.
En los años ochenta y asociado al postmodernismo se inicia el desarrollo del concepto de democracia cultural. La imaginación, creatividad, improvisación y negociación que caracterizan el postmodernismo se enfrentan a la racionalización, adaptación y gestión que configuraron la modernidad. Así pues, múltiples subculturas (entendidas como formas de vida, según la concepción de Habermas) y no ya como objeto de consumo se convierten en ámbito de desarrollo personal y colectivo. Las acciones culturales se desarrollan en diversos grupos o asociaciones culturales, superando el concepto que Bendix tiene de la participación, entendida más como posibilidad y no como acción: “…aunque la condición de ciudadano permite una participación más activa, sólo en contados casos requiere una acción efectiva.”
El concepto de democracia cultural va unido al de animación, como sinónimo de vitalización. Es una tecnología una metodología capaz de impulsar actividades sociales diversas. Su lugar de desarrollo se fija fundamentalmente en los equipamientos culturales de tercera generación. Centros cívicos o culturales que se acercan a la participación. 

 Pero este nuevo concepto, convive que no sustituye al anterior de democratización cultural. Una de las muestras es la promoción de ramas de actividad cultural de escasa rentabilidad, generadoras de nuevos criterios de diferenciación social, por cuanto priman facetas de actividad de carácter minoritario, accesibles a personas con un amplio capital cultural, en competencia con otras actividades. Los equipamientos necesarios para esas actividades buscan más el prestigio y la representación social que ser foros de participación. En centros distribuidos por los barrios y con gestión de los propios vecinos asociados es, donde en mi opinión, debe generarse la política participativa en materia de cultura.