La evolución del Derecho ha permitiendo configurar los distintos procesos de acercamiento de la cultura a la sociedad, desde los derechos de primera generación, ejercidos de forma individual por los ciudadanos, y que se relacionan con las libertades, de creación y de producción artística y literaria. Estos derechos están ampliamente recogidos en la legislación española e internacional y configuraron buena parte de las actuaciones, en materia de cultura, realizadas durante nuestra transición.
Los de segunda generación o derechos sociales, relacionados con las garantías de acceso a los bienes y servicios culturales de los ciudadanos y que se vinculan con los objetivos propiciados por el Consejo de Europa en su reunión de Oslo en 1976: la democratización de la cultura y la democracia cultural.Dentro de estos Derechos Sociales, nos encontramos con que algunos consisten en una concesión de títulos, mientras que otros constituyen un añadido de provisiones que deben facultar a los más necesitados el acceso al ejercicio de tales derechos.
Estos añadidos se instrumentan a través de políticas de redistribución de recursos para paliar la desigualdad en la distribución de las oportunidades y de políticas de reconocimiento que posibilitan el ejercicio de una discriminación activa que suavice la situación de desventaja de determinado grupo.
El lugar donde coloquemos teóricamente el Derecho a la Cultura va a fijar las políticas culturales, entendidas como “El conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural de las Administraciones”.
Y, por fin, encontramos los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos, La articulación de estos derechos de tercera generación se construye desde el reconocimiento de los derechos colectivos, pero siempre desde la primacía de los derechos individuales y se vincula con los procesos generados por la globalización.
Ante esta situación entendemos que es fundamental establecer unos principios éticos que soporten la acción política y administrativa de cooperación cultural.
Los cambios globalizadores redefinen, por su influencia, los conceptos, exigen trascender el alcance territorial o étnico de la cultura para poder abarcar las relaciones interculturales, debemos, pues, plantearnos un cambio fundamental en los mismos. Partimos de un concepto de cultura como sustantivo, lo que permite que ésta sea pensada como propiedad, pero nuestro punto de llegada es su adjetivación, la definición de lo cultural: un conjunto de diferencias articuladas con el objetivo de configurar las fronteras de la diferencia. Una adjetivación que no sustituye enteramente su uso como sustantivo, y por lo tanto tiene sentido seguir hablando de la cultura, más bien se produce una simbiosis de ambos conceptos que enriquece la percepción.
Esta definición de lo cultural como aquello que sucede en las zonas de conflicto lo configura como un proceso político, justificando plenamente nuestra intervención: los conflictos existen precisamente porque los distintos grupos participan en contextos comunes.
Uno de estos contextos comunes es nuestro territorio, nuestra comunidad andaluza, donde conviven múltiples identidades, la mayoría polimórficas y mestizas, configurando una sociedad multicultural. Nuestra respuesta, definida en el Plan Estratégico Para la Cultura en Andalucía (PECA), no puede ser el multiculturalismo, generador de nuevas desigualdades, como la experiencia política ha demostrado, sino la aplicación de políticas de interculturalidad, entendida como instrumento dialógico desde la igualdad. Si entendemos que las culturas son inconmensurables, deberemos desarrollar un profundo diálogo, autocrítico y heterocrítico que permita configurar unos nuevos soportes de convivencia, una nueva modernidad, que quizá encuentre su camino en la sociedad del conocimiento.
La emancipación y la madurez de la sociedad andaluza acarrean la aceptación de que hay otras identidades que pueden ser preferidas y, por muy diferentes que sean, las opciones no pueden discutirse recurriendo a algo más concluyente que la simple preferencia, Esta aceptación abre el camino que permite el fin del miedo al otro, al extraño y el comienzo de la tolerancia.
Ahora bien, esta tolerancia puede significar indiferencia, “le funciona ser como es pero yo no me imagino ser así”, y también despreocupación; los otros, los extraños no se van a ir y no se van a volver como nosotros, al menos a corto plazo, pero nosotros no tenemos manera de obligarlos a irse o a cambiar y dado que estamos condenados a compartir el tiempo y el espacio hagamos soportable y menos peligrosa nuestra convivencia.
Pero el respeto a la alteridad del otro, la extrañeidad en el extraño, como diría Edmond Jabés “lo extraordinario es universal”, la diferencia que nos hace parecernos, nos permite comprender que no podemos respetar nuestra propia diferencia si no respetamos la diferencia de los otros. Nuestro nexo con ellos se revela como responsabilidad, como comunidad de destino, en definitiva, requiere la solidaridad.
El derecho del otro a ser extraño es la única manera en que mi propio derecho puede establecerse, es desde su derecho desde donde se elabora el mío. Soy responsable de mí mismo y ser responsable del otro, llegan a convertirse en lo mismo. La solidaridad se hace patente cuando el lenguaje de la discriminación, del distanciamiento y de la humillación queda fuera de uso.
Al mismo tiempo, somos conscientes de que ninguna política puede desarrollarse al margen de la comunidad. La proximidad democrática y la participación son elementos clave de la acción política y, en ese sentido, la eficacia de la cooperación debe estar basada en la capacidad de los ciudadanos para tomar parte en las acciones culturales, entendemos que la administración debe pasar a ser el promotor de la participación, en un sentido que supere el concepto que Bendix tiene de la participación, entendida más como posibilidad que como acción: “…aunque la condición de ciudadano permite una participación más activa, sólo en contados casos requiere una acción efectiva.”
De esta manera damos respuesta a una cuestión de importancia:¿a quién llega la acción que estamos realizando?
Son pues, estas tres premisas: “interculturalidad, solidaridad y participación”, las que , en mi opinión, deberían configurar las bases para la cooperación internacional en materia de cultura de la comunidad autónoma andaluza, centradas en cuatro grandes ejes geográficos de actuación que son: Europa, el Mediterráneo, Iberoamérica y los Estados Unidos.
Este entramado se puede concretar en un punto de partida que defina el objetivo en esta materia: “La colaboración con otras instituciones tanto a nivel nacional como internacional para difundir la cultura andaluza, promoviendo la creación y la diversidad cultural, y apoyando el intercambio y la transferencia entre diversos ámbitos y agentes culturales
Estas actuaciones se configuran como vitales en un contexto en el que la globalización acentúa la desigualdad que ya existía entre países.
Desde la década de los años 90, cinco empresas multinacionales se apropiaron del 96% del mercado mundial de música, con resultados tales como que la canción “Travesía” de Milton do Nascimento, actualmente se denomina “Bridges” y aparece en los catálogos como obra de dos autores, el propio Milton y Give Lee que tradujo la letra al inglés. En el campo de la cinematografía el predominio del cine americano se ha convertido en un oligopolio, dejando prácticamente sin sitio a industrias tan significativas como la francesa o la rusa, basando su actuación en el control casi absoluto de la producción, la distribución y la exhibición en más de un centenar de países.
Parece por tanto evidente la necesidad de una actuación que aminore, en la medida de lo posible, una remodelación global de las industrias culturales que eliminan de la circulación internacional a extensas zonas de la producción cultural y las reduzca a expresiones minoritarias.
Con la base ética ya reseñada hemos definido tres objetivos específicos que orientan nuestro trabajo:
1) El reforzamiento de lazos culturales entre Andalucía y otros territorios mediante el desarrollo social y económico de las poblaciones a través de la cultura, entendida en su vertiente de recurso como queda patente en el PECA.
2) Contribuir a la creación del espacio cultural común europeo mediante el trabajo conjunto con otras instituciones culturales de Europa y sus regiones fronterizas, respetando la diversidad y valorizando el patrimonio cultural común.
3) Fomentar la colaboración interinstitucional y la participación de la sociedad civil en las políticas culturales.
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